25/11/09
16/11/09
14/11/09
JUSTICIA PARA NAGORE
CONCENTRACIÓN DE PROTESTA EXIGIENDO JUSTICIA PARA NAGORE: NO ES UN ARREBATO.¡ ES UN ASESINATO!!!
LUNES LILAS: ¡JUSTICIA!
Hoy, viernes 13 de noviembre, muchas personas de todas las edades nos hemos quedado indignadas y perplejas al escuhar o enterarnos del veredicto del jurado popular sobre el asesinato de Nagore Lafagge Casasola a manos de J. Diego Illanes aseverando que había sido un homicidio.
Ha sido injusto. Esto, no es un arrebato, es un asesinato. No hay atenuantes que valgan. No nos sirve el alcohol (Sin demostrar. Este hecho no debe de contemplarse en juicios de violencia de género, ni en muchos otros), ni la confesión (¿cuando la hizo?. Cuando se descubrieron los hechos y con total evidencia que la había matado). Ni la del arrebato (años insistiendo en que esto ha exculpado a muchos maltratadores y asesinos. ¿Arrebato después de pasar tres horas de haberla golpeado y machacado, para matarla, asfixiándola? Ni lo de la reparación del daño. Al que tiene dinero se le permita comprar años de condena. ¿Que justicia puede avalar semejante desigualdad entre las personas.
Una parte de este Jurado Popular ha despreciado los derechos de las mujeres y en particular los de Nagore laffage Casasola. Solo se creen probado lo que dice el acusado y su abogado defensor.
Con su criterio de homicidio con todos los atenuantes, llaman a asesinar mujeres cuando ejercen su derecho a decir NO. Total, ¡no cuesta casi nada! Y legitiman la violencia de género.
Al igual que lo hemos estado haciendo estos 16 meses y durante todo los días que ha durado el juicio, queremos recordarle a toda la familia laffage-Casasola que estamos a su lado. Y que les apoyaremos en el recurso a esta sentencia salga lo que salga. Porque no permanecemos al margen del sufrimiento de las víctimas y sus familias, Y por que somos plenamente conscientes que lo sucedido en la audiencia el viernes 13 de noviembre, No es Justo para Nagore ni para ninguna persona que cree en la igualdad y en la justicia de reposición del daño. Ha sido un asesinato
Volvemos a reiterar que este juicio es violencia de género en la medida que se le negó a Nagore y con ella a todas las mujeres, la capacidad de decidir y el poder decir ¡NO! NO a unas relaciones que no quería y estaba dispuesta a denunciarlas. Y por ello, le quitaron la vida. Y además, por que así lo reconoce la LEY FORAL 22/2002, de 2 de julio, para la adopción de medidas integrales contra la violencia sexista en su Artículo 1.Consideramos que la insistencia en no catalogar este juicio en este concepto, ha sido algo muy interesado.
Estas conductas son rechazables e injustificables en una sociedad que tenga por base la igualdad efectiva de derechos de todas las personas y las relaciones basadas en el respeto mutuo y el diálogo. Y en esto el jurado popular no ha estado a la altura del siglo XXI, ni de las leyes de igualdad y violencia de género.
POR JUSTICIA, Acude a la protesta lunes 16 de noviembre a las 20h, en la Plaza del Castillo. 20:00etan, Gazteluko plazan ¡Te esperamos!
Fdo: Lunes lilas y familiares. Astelehen lilak eta familiakoak
5/11/09
Egunkaria: y las pruebas siguen sin aparecer
Siguiendo las indicaciones de la AVT y Dignidad y Justicia, la Audiencia Nacional celebrará en breve el juicio contra "Euskaldunon Egunkaria", diario clausurado en 2003. Cinco encausados serán juzgados por pertenencia a ETA.uno de estos días se fijará la fecha del juicio contra Euskaldunon Egunkaria. El proceso, que arrancó en 2003 con la clausura del periódico en euskera, sentará en el banquillo a Martxelo Otamendi, Peio Zubiría, Joan Mari Torrealdai, Iñaki Uría, Txema Auzmendi y Xabier Oleaga. Los cinco imputados se enfrentarán a la acusación de integración en ETA en un juicio que podía prolongarse cerca de dos meses.
Lo más llamativo de este proceso es que no hay una sola prueba transparente, rigurosa. Sobre todas ellas penden interrogantes. Para vincular al diario con ETA, de hecho, se utilizó exactamente la misma documentación que ya se presentara para cerrar el diario Egin cinco años atrás; unos informes de Garikoitz y Hontza, miembros de ETA.
Pero, ¿de dónde salieron esos documentos? Un alto cargo de la Guardia Civil entregó los informes, que habían sido incautados al aparato político de ETA, al juez Baltasar Garzón. Al final, el fiscal Eduardo Fungairiño presentó una querella. Una vez cerrado el diario, sin embargo, el fiscal Miguel Ángel Carballo desechó esta prueba. Es más, tras asegurar que la investigación para vincular Egunkaria con ETA no iba "a buen puerto" el fiscal pidió el archivo permanente de la causa.
Incluso el encargado de ordenar el cierre "cautelar" del diario, el juez de la Audiencia Nacional Juan del Olmo, llegó a reconocer que no había manera de acreditar "ni que el periódico fuera fuente de financiación de ETA, ni instrumento de blanqueo de capitales ilícitos procedentes de la banda".
De cara a la opinión pública, sin embargo, las piezas encajan de forma mucho más simple: Xabier Alegría, miembro de Batasuna y Ekin, era consejero de Orain, editora de Egin y Egunkaria. No obstante, Alegría no estaba en su plantilla y su cargo no era de responsabilidad.
Si las pruebas no eran vinculantes para el fiscal, ¿por qué se siguió adelante con el juicio? Sencillamente, por que se decidió que podía hacerlo con la única acusación de asociaciones de víctimas del terrorismo, que ejercen de acción popular. Así, los cinco imputados se enfrentarán a las peticiones de condenas de la Asociación de Víctimas del Terrorismo y Dignidad y Justicia, de entre 14 y 16 años de prisión. Pero, ¿por qué se cerró cautelarmente el diario? Esta es la incógnita que sigue sin respuesta a día de hoy.
En su día, se produjeron multitudinarias muestras de solidaridad con los trabajadores del diario, quienes cuatro meses más tarde crearon el periódico Berria. La más destacable, quizá, fue el 22 de febrero de 2003 en San Sebastián, donde, convocados por Kontseilua, se celebró una manifestación en favor de la libertad de expresión y la cultura vasca. Todos los partidos nacionalistas censuraron el cierre y el PSE valoró que fue "desproporcionado".
A la par de la clausura del periódico, cinco de los detenidos denunciaron torturas. Y, además, el ex director de Egunkaria, Peio Zubiria, intentó suicidarse en el hospital tras una crisis de ansiedad padecida durante su detención. Todas las denuncias fueron archivadas.
El caso también llevó aparejadas las dudas sobre la independencia del poder judicial sobre el político, ya que el día del cierre la fiscalía de la Audiencia Nacional difundió una nota en la que se afirmaba la coordinación entre el juez Juan del Olmo y el Ministerio del Interior. Gobernaba el PP.
Lo más llamativo de este proceso es que no hay una sola prueba transparente, rigurosa. Sobre todas ellas penden interrogantes. Para vincular al diario con ETA, de hecho, se utilizó exactamente la misma documentación que ya se presentara para cerrar el diario Egin cinco años atrás; unos informes de Garikoitz y Hontza, miembros de ETA.
Pero, ¿de dónde salieron esos documentos? Un alto cargo de la Guardia Civil entregó los informes, que habían sido incautados al aparato político de ETA, al juez Baltasar Garzón. Al final, el fiscal Eduardo Fungairiño presentó una querella. Una vez cerrado el diario, sin embargo, el fiscal Miguel Ángel Carballo desechó esta prueba. Es más, tras asegurar que la investigación para vincular Egunkaria con ETA no iba "a buen puerto" el fiscal pidió el archivo permanente de la causa.
Incluso el encargado de ordenar el cierre "cautelar" del diario, el juez de la Audiencia Nacional Juan del Olmo, llegó a reconocer que no había manera de acreditar "ni que el periódico fuera fuente de financiación de ETA, ni instrumento de blanqueo de capitales ilícitos procedentes de la banda".
De cara a la opinión pública, sin embargo, las piezas encajan de forma mucho más simple: Xabier Alegría, miembro de Batasuna y Ekin, era consejero de Orain, editora de Egin y Egunkaria. No obstante, Alegría no estaba en su plantilla y su cargo no era de responsabilidad.
Si las pruebas no eran vinculantes para el fiscal, ¿por qué se siguió adelante con el juicio? Sencillamente, por que se decidió que podía hacerlo con la única acusación de asociaciones de víctimas del terrorismo, que ejercen de acción popular. Así, los cinco imputados se enfrentarán a las peticiones de condenas de la Asociación de Víctimas del Terrorismo y Dignidad y Justicia, de entre 14 y 16 años de prisión. Pero, ¿por qué se cerró cautelarmente el diario? Esta es la incógnita que sigue sin respuesta a día de hoy.
En su día, se produjeron multitudinarias muestras de solidaridad con los trabajadores del diario, quienes cuatro meses más tarde crearon el periódico Berria. La más destacable, quizá, fue el 22 de febrero de 2003 en San Sebastián, donde, convocados por Kontseilua, se celebró una manifestación en favor de la libertad de expresión y la cultura vasca. Todos los partidos nacionalistas censuraron el cierre y el PSE valoró que fue "desproporcionado".
A la par de la clausura del periódico, cinco de los detenidos denunciaron torturas. Y, además, el ex director de Egunkaria, Peio Zubiria, intentó suicidarse en el hospital tras una crisis de ansiedad padecida durante su detención. Todas las denuncias fueron archivadas.
El caso también llevó aparejadas las dudas sobre la independencia del poder judicial sobre el político, ya que el día del cierre la fiscalía de la Audiencia Nacional difundió una nota en la que se afirmaba la coordinación entre el juez Juan del Olmo y el Ministerio del Interior. Gobernaba el PP.
Sumario económico
La otra parte del juicio
En el proceso se abrieron dos causas contra el diario, el sumario principal, al que se le pondrá fecha próximamente, y el sumario económico, que arrancó ocho meses después del cierre del diario y en el que hubo ocho detenidos.
La clave de esta segunda causa está en la sede del juicio. Todavía no se ha decidido si será en la Audiencia Nacional o en los Tribunales de Guipúzcoa -la sede de Egunkaria estaba en Andoáin-; el fiscal de la Audiencia Nacional Miguel Ángel Carballo, reclamó que fuese en este segundo tribunal. En este segundo proceso los encausados son ocho y se les imputa "fraude fiscal" vinculado a "delito terrorista". En total, se enfrentarán a penas de entre 13 y 26 años de prisión y un total de 235 millones de euros en multas.
Diario de Noticias
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