Como lector habitual de la revista HIKA acostumbro a leer los artículos de Javier Villanueva, comentarista de la política vasca. Con interés, por la innegable profundidad y agudeza de sus análisis, y con un progresivo nivel de desacuerdo por su desplazamiento desde hace ya tiempo desde posicionamientos propios de su ámbito ideológico de origen hacia otros que están todos los días sobradamente reflejados en los medios de mayor consumo. Su último trabajo ,
"La oportunidad y el desafío del cambio,
http://www.pensamientocritico.org/javvil0309.html es un buen exponente de ello. Javier Villanueva era precisamente el ponente en unos de los debates de las jornadas de reflexión que Batzarre organizó el pasado fin de semana en Burlada a las que me hubiese gustado asistir. No habiendo podido hacerlo voy a exponer aquí mi punto de vista sobre su análisis.
La relación que establece entre el movimiento actual que ha conducido a la inminencia de un gobierno de coalición de facto PSE-PP y la sensación de marginación política en la que se han podido sentir durante años la gentes ajenas al universo abertzale plantea una reflexión sobre la necesidad de revisar el balance de lo que supuso el acuerdo de Lizarra, algo que no se ha hecho y que habrá que hacer ahora cuando las circunstancias probablemente van a empujar con toda probabilidad a intentos de reformularlo. Porque lo que fue base de la tregua del 98 fracasó por muchas cosas y no todas imputables desde luego a sus firmantes, pero si no se hace una revisión crítica de su gestación y de su estrategia, estaremos condenados a cometer parecidos errores. Hasta ahí mis coincidencias.
Villanueva habla de la Ley de Partidos y no acaba de dar su opinión. “Iniciativa legislativa discutible, mejorable, pero legítima…..”. Y asegura que se exagera con las comparaciones. Pero ¿alguien duda hoy que la Ley de Partidos era para esto? Estamos ante un acto de fe, pero del mismo participan junto con la mayoría de la opinión pública vasca, entre la que esta ley no tiene legitimidad, figuras tan distantes como Miguel Sanz, que con su habitual incontinencia que le hace deslizarse hacia afirmaciones políticamente poco correctas y oportunas para la causa que él defiende, acaba de declarar ayer en Madrid que el cambio se ha dado precisamente gracias a la ley y no por alteraciones sociológicas en la sociedad vasca. Efectivamente, porque con ella se habilita un modelo de escenario ficticio en el que un polo lo ocupa el nacionalismo institucional, el otro el centralismo sin matices y el PSE ocupa la centralidad. Escenario ficticio pero institucionalmente operativo a partir de ahora. Aunque antes ya de constituirse el gobierno, los hechos ya lo están poniendo en entredicho.
Dice que "vuelve la tendencia a la reducción de la diferencia entre nichos electorales". Creo que no ha sacado las cuentas bien porque el porcentaje del conjunto del voto tanto del nacionalismo institucional como de la izquierda abertzale, incluyendo en ésta a Aralar, se mantiene prácticamente en el mismo del 2005; y respecto al 2001 lo que baja el primero es lo que sube la segunda. Y la suma de ambos ámbitos continúa siendo claramente superior a la de los partidos que no comparten la capacidad de decisión. Pero ¡ojo!, aquí hay que hacer una salvedad. No es lo mismo votar a Euskal Herritarrok o al EHAK/PCTV que hacerlo con una papeleta clandestina. Y ello se refleja en los resultados. Por ejemplo en muchos pueblos de Gipuzkoa, en los que habitualmente ganan y en los que en esta ocasión la abstención ha sido bastante mayor de la habitual. Lo que quiere decir que a los 100.000 votos nulos en condiciones normales se hubiesen añadido otros que ahora se han quedado en casa.
La legitimidad institucional de este cambio es cuestionable, pero es absolutamente innegable su déficit de legitimidad social. No ya por las condiciones que lo han hecho posible, ni siquiera porque no está avalado por la mitad de los votos. Ni por la influencia del desequilibrio territorial del valor del voto, responsabilidad que comparte también el PNV en buena medida. La razón principal de su ilegitimidad es el rechazo social que suscita. Un rechazo social muy superior al que va a tener la nueva Xunta de Galicia, avalada por un porcentaje similar a la suma del PSE y PP en Euskadi. Y muy superior incluso al que tiene el Gobierno navarro. Porque este gobierno propiciado por la conjunción de voluntades de socialistas y populares es el que menos deseaba la población vasca. Y de esa constatación son garantes todas las encuestas pre-electorales encargadas al respecto, incluídas las del Euskobarómetro o las de Vocento, nada sospechosas de obediencia a la órbita del nacionalismo vasco. Y la que hizo en enero el CIS nos mostraba que solamente el 4’6% de la población optaba por la alternativa conformada por los dos partidos citados.
Se podrá alegar que el PP no va a estar en este gobierno. Pero va a ser su garante, porque sin su concurso no se podría conformar. Y su programa ha sido jubilosamente saludado por Mayor Oreja, que ha declarado que ahora ha sido posible lo que él intentó en 2001, “quizás de una forma más idealista y menos astuta que la de ahora”.
Por eso, el mayor error del análisis de Villanueva es afirmar que el "electorado de estos dos partidos no entendería que dejaran pasar esta oportunidad". Eso es radicalmente falso en lo que supone a buena parte del electorado del PSE. Le podría yo mismo citar nombres de varias decenas de personas que a buen seguro habrán votado con la esperanza de un cambio que desde luego no es éste. Que podrían desear una forma más transversal de gobernar, que estarían cansadas de un ciclo excesivamente largo de mandato. Muchas incluso que anhelaban la posibilidad de un lehendakari socialista. Pero quienes de verdad podían querer un desplazamiento del PNV del ejecutivo después de haber ganado las elecciones para formar otro auspiciado por el PP eran bastantes menos. Incluso fuera de Euskadi se oyen voces vinculadas al PSOE, como la de María Antonia Iglesias, que juzgan como una clamorosa equivocación estratégica lo que está sucediendo.
Estamos ante una de las situaciones más indeseadas que se podía plantear. Con la perspectiva de un gobierno débil y de un futuro más que incierto en una situación de crisis que requiere de políticas consensuadas. Y con la amenaza de malos tiempos para las políticas transversales y del mejor caldo de cultivo para frentismos de todo pelaje. De malos tiempos para quienes consideramos que la distensión es el mejor terreno para desarrollar pol.íticas graduales, pacientes, aglutinantes, capaces de articular progresivamente a la mayoría social. De situaciones inciertas y comprometidas entre otros, para Nafarroa Bai.
Praxku
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